EL VOTO DE LOS IMMIGRANTES

La pasada semana, exactamente el martes por la noche, el Congreso de los Diputados aprobó una resolución por la cual se insta al Gobierno del Estado a estudiar las posibilidades legales de poder otorgar el derecho al voto a los immigrantes no comunitarios residentes en nuestro país.
Es evidente que para ello se deben analizar las posibilidades que ofrece el actual marco constitucional,la legislación electoral vigente, así como los acuerdos bilaterales con países terceros, en especial aquellos que admiten la reciprocidad de derechos cívicos para los ciudadanos españoles : Argentina, Chile, Uruguay, etc.
Muchos expertos coinciden en que hay base doctrinal suficiente para regular el derecho al voto de los residentes no comunitarios en determinadas convocatorias electorales : las municipales, fundamentalmente, las autonómicas y las europeas.
El desarrollo y la regulación de este derecho incrementarán el valor de nuestro sistema democrático, permitirán consolidar las políticas sociales, culturales y cívicas que garantizan la igualdad de derechos y disminuyen las peligrosas tendencias de la derecha y de la caverna a instaurar diversas velocidades en lo que respecta al concepto de ciudadanía.
Votar es un derecho. Y a su vez es un deber cívico y moral para todos aquellos que formamos parte de nuestra sociedad.
Participar de forma activa en la vida política de un municipio o de un país, reduce diferencias, elimina desequilibrios, coopera con los procesos de integración de los nuevos ciudadanos.
Ahora es necesario que el debate obtenga la velocidad y la profundidad adecuadas para favorecer su implementación y su regulación en nuestro sistema electoral.
Nuestro Gobierno, que ha dado tantas excelentes muestras en la práctica política del desarrollo de nuevos derechos, debe estar a la alzada de este nuevo reto político y social.