PISOS SOBREOCUPADOS : CINCO PROPUESTAS

En estos días pasados, el debate sobre el derecho a la vivienda se ha centrado en el problema de los "pisos pateras", en la sobreocupación de viviendas.
El tema no es nuevo en nuestra sociedad. Lo que es nuevo es el conflicto. El fenónemo de la sobreocupación es antiguo. Cada etapa histórica, en que el país ha vivido de forma intensa una oleada de inmigración, determinados barrios, detrminadas calles y determinadas viviendas de nuestras ciudades y pueblos han concido con intensidad el fenónemo. Basta con preguntarlo a muchos ciudadanos y ciudadanas venidos en los años 50 y 60 de otros puntos de España, para saber que muchas familias compartían superficies de 25, 30 y 50 metros cuadrados. Los parientes de entonces, que venían a probar suerte y a trabajar a la Cataluña de la industria y de las fuentes de trabajo, se alojaban de forma mayoritaria en pisos de familiares que les habían antecedido. Lo describen los libros de Paco Candel y las novelas de Juan Marsé. Y si nos referimos a las oleadas migratorias de finales del XIX o de los primeros 30 años del siglo XX, un excelente material de lectura es la novela de Eduardo Mendoza, La ciudad de los prodigios, que describe con maestría y crudeza la sobrepoblación de pensiones, hostales, patios de vecinos y "mueblés" que recorrió tener un techo su personaje Onofre Bovila y que, seguramente, conocieron nuestros antepasados como la palma de su mano.
El problema no radica en que se deba controlar o romper la cadena de la fraternidad familiar o amical. El conflicto que hoy nos aqueja es la creciente explotación de los nuevos ciudadanos, por empresarios sin escrúpulos, muchas veces de su propia colonia, y otras muchas por parte del propietario local. Ahí está la fuente del delito (la necesidades y las urgencias de los inmigrantes són también una oportunidad de negocio). El delito no está en el hecho de que querramos ayudar a un amigo o a un familiar inmigrante a labrarse un nuevo horizonte profesional en nuestro país.
La paradoja de nuestros tiempos es que vivimos en un país con un número muy importante de viviendas (3.000.000 de unidades) y que conviven en nuestras ciudades pisos vacíos con pisos sobreocupados. Algo se debe hacer para corregir este problema. Y lo debemos hacer con rigor y con rapidez, atendiendo el derecho de toda persona a poder disfrutar de una vivienda digna.
La próxima ley de la vivienda que desde hace pocos semanas se ha empezado a tramitar en el Parlamento, define la sobreocupación como uno de los incumplimiento de la función social de la propiedad residencial. Establece, a continuación, una serie de instrumentos para que las administraciones competentes ( Generalitat y Ayuntamientos) puedan actuar. Estipula obligaciones para las administraciones competentes y regula un régimen de sanciones para los casos que sean punibles.
Pero la ley y su reglamento no estarán en marcha hasta finales de este año 2007. De ahora a entonces, faltan meses, y tenemos a las puertas una campaña electoral municipal. Hay quien tiene la tentación de usar los problemas generados por la sobreocupación como arma política
En cuanto a la ley, lo más importante es que se accelere su tramitación, de forma que hacia el verano pueda estar aprobado el texto legislativo.
En cuanto a las estrategias para atacar el problema, debemos ser extremadamente cuidadosos para no caer en el simplismo ineficaz. Sería un enorme error establecer pretender legislar sobre los metros de superficie por número de miembros de la unidad familiar. La primera consecuencia sería que nos encontraríamos con un número importante de famílias en la calle. Si no podemos ofrecer vivienda a los afectados de sobreocupación, no estamos arreglando el problema sino que estamos creando otro de nuevo.
No sabemos hoy cual es la población afectada, de cuantos pisos estamos hablando, cuantos propietarios estan implicados. De todo ello debemos tener datos precisos, una buena diagnosis. Esta debería ser la primera medida.
La segunda medida debe orientarse a ampliar de inmediato el parque de viviendas disponibles para una atención social de urgencia ( hoy no sabemos si existe esta reserva).
La tercera medida consiste en impulsar y consolidar las oficinas de mediación en el mercado del alquiler, para dar confianza al propietario en relación a la conservación de su patrimonio y la reducción de riesgos de morosidad de los posibles usuarios ( por cierto, en Catalunya los morosos del alquiler no superan el 2% del total) y multiplicar así las oportunidades de acceso a la vivienda a las personas con menos recursos.
La cuarta medida, a mi modo de ver, radica en evitar el racimo de manifestaciones de falsa contundencia por parte de los responsables públicos y aúnar esfuerzos a fin de buscar fórmulas de negociación y de control más discretas pero más eficaces.
La quinta medida que propongo consiste en implicar al sector empresarial en la resolución de la gestión del alquiler de la vivienda de su trabajadores emigrantes. Si la gestión de contingentes de trabajadores no incluye la garantía de facilitar una vivienda en condiciones, desde el primer día, al nuevo trabajador, estamos dejando que perviva un problema realmente perverso. No estamos pidiendo que la vivienda sea gratuita, pero si que el aval de un contrato de alquiler pueda ser hecho por la misma empresa que contrata al trabajador. Los avales siempre son de retorno, por tanto allí no hay pérdidas posibles. Los sindicatos deberían estar atentos y deberían ser exigentes y activos en este capítulo.
Vivir en condiciones es difícil para mucha gente que, hoy, vive y trabaja en Catalunya. Es una responsabilidad de la administración dar soluciones eficaces al problema. Pero es una responsablidad de los agentes sociales participar en la gestión de estas responsabiliades y de la soluciones que se deban implantar.